10.3.08

Mayores Informes en el Cubículo de la FARC

Dos opiniones diametralmente opuestas se expresan hoy en el Reforma en torno a la participación de mexicanos, la mayor parte estudiantes de la UNAM, en la FARC:

Granados Chapa:

Sólo con ociosa mente de aprendiz de espía se puede convertir a esta joven [refiriéndose a Lucía Morett] en protagonista de una conjura guerrillera internacional (...)

A ninguna autoridad mexicana conciernen los motivos por los cuales se viaja al exterior y menos aún los motivos de una conducta en el extranjero. Si algún delito cometieron los bolivarianos, si se inmiscuyeron en un conflicto colombiano en tierra de Ecuador deben ser los gobiernos presuntamente afectados quienes tengan que decirlo. Al de México toca denunciar al de Bogotá, y exigirle satisfacciones por la muerte de sus nacionales, puesto que Uribe ya admitió la autoría del ataque.

Es poco creíble, para empezar, que las FARC hayan permitido el acceso de una persona no vinculada a ellas a un campamento de operación. Pero, además, el lugar en que fue herida Morett no era un campamento guerrillero cualquiera, sino uno instalado en territorio de otro país. Si había un secreto que quisiera guardar celosamente la guerrilla colombiana era sin duda el de que estaban utilizando el territorio ecuatoriano para sus operaciones. Darle a una académica independiente y extranjera acceso a esta información, e incluso permitirle dormir en el campamento, parecería irracional para una organización profesional y bien financiada como las FARC.
El Sr. Chapa se equivoca, gravemente. Claro que le interesa a las autoridades mexicanas saber si sus nacionales en el extranjero se involucran en las actividades de grupos terroristas como la FARC porque el gobierno mexicano tiene la obligación internacional de prevenir y reprimir las acciones y el financiamiento del terrorismo. La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU del 28 de septiembre de 2001 y que reafirma las resoluciones 1269 de octubre de 1999 y la 1368 de septiembre del 2001 establece los compromisos que los países miembros deben aplicar y lavarse las manos de la manera que el Sr. Chapa sugiere hacer no es una opción.

De hecho, de acuerdo a esas resoluciones y a varios otros compromisos multilaterales, los estados deben negar refugio a quienes financien o planifiquen actos de terrorismo y deben evitar que su territorio sea usado para planificar o facilitar la realización de estas acciones y en ese sentido no solo esta en la mira Ecuador y Venezuela, sino, gracias al grupillo de Lucía Morett, también a México. Es bastante obvio, como Sarmiento razona, que Lucía y compañía no estaban turisteando, ni haciendo investigaciones periodísticas, ni en una gira artística por los campamentos de la FARC. Y tampoco que llegaron de casualidad un día a los campamentos. Lo más probable es que su relación con la FARC haya tenido ya un historial y que no se limite únicamente a dar apoyo moral. Y lo más preocupante de todo: que estas redes de apoyo, en recursos humanos y probablemente también financieros, esten coordinados desde el cubículo "Núcleo Mexicano de Apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, en la planta baja, frente a la biblioteca Samuel Ramos.

Chapa hace parecer que el ser guerrillero entra dentro de las posibilidades que ofrece la "pluralidad" política que se debe tolerar y fomentar en instituciones educativas. Si Lucía y compañía se limitasen a expresar opiniones y organizar conferencias y repartir panfletos ese sería el caso. Pertenecer a un "círculo bolivariano" es un derecho tanto como pertenecer a un círculo vegetariano, a un círculo confuciano, a un círculo marciano o a un círculo kafkiano y sería una excentricidad y nada más. Pero el que ella y su grupo se hayan involucrado al punto de estar presentes en sus campos de adiestramiento, donde se coordinan secuestros, el tráfico de drogas y bombazos contra civiles colombianos, la hace cómplice de algo bastante más grave, algo que obliga al estado mexicano investigarla y, si la evidencia es suficiente, procesarla por ofrecerle apoyo a un grupo terrorista.

La postura oficial de la UNAM que se niega a comentar sobre el hecho de que entre sus muros se coordinan estos apoyos, y lo que es peor, aducir que aunque sea el caso están amparadas esas actividades por la "libertad ideológica" de la institución es evasivo, cínico y vergonzoso. Cuando se tolere un cubículo que defienda y reclute estudiantes a las causas de la ETA, un grupo de secuestradores de Tepito y el Cártel del Golfo, cuya síntesis precisamente es la FARC, es el día en que tal argumento haga un poco de sentido.